Rápidamente, el SUTE contestó con una solicitada sobre el tema celadores, desenmascarando una gestión que cuenta con funcionarios que fueron responsables de las calamidades que hoy pregonan y dejando muy claro el compromiso histórico que tiene el sindicato con el mejoramiento del sistema educativo como totalidad integral en el marco de las leyes, estatutos, convenios colectivos de trabajo y la garantía de derechos, fruto de la lucha sostenida e inclaudicable de los trabajadores.

Otro tema fundamental es el llamado “ausentismo docente”. ¿Qué busca la DGE con estos titulares periodísticos? Los planteos de premios y castigos, que enfrentan a trabajadores entre sí -los que faltan y los que no; los “cambios de funciones” y los que están “frente al grado”-, se hacen de modo punitivo y en el momento más álgido del debate, que es cuando los trabajadores se sientan con la patronal en la mesa de la negociación colectiva para llegar a los acuerdos salariales. Es por ello, que desde el sindicato consideran al planteo como extorsivo, ya que la decisión sobre el aumento salarial correspondiente a cada trabajador es pensada bajo el criterio empresarial-eficientista, esto es: “premio-castigo”.

Se busca instalar desde el sentido común bajo la denominación del “ausentismo”, la justificación de una medida de ajuste al poder adquisitivo del salario docente. Con la idea de imponer el pago diferenciado para premiar al docente que está frente al grado, se responsabiliza al educador por todas las inasistencias y se tiende un manto de sospechas por el abuso de confianza o simulación de enfermedad por parte del docente. Los gobiernos tienen el deber y el derecho de efectuar contralor de las inasistencias y actuar firmemente cuando se detecten abusos. Lo que no se puede hacer, es arrojar un manto de sospecha sobre todos los Trabajadores de la Educación. No es justo.

En esta conceptualización subyacen categorías neoliberales y neoconservadoras que, desarrolladas desde la óptica económica de la gestión de los recursos humanos, focalizan en la eficiencia administrativa y en la búsqueda de resultados de acuerdo a las necesidades imperantes del mercado laboral. Ante este claro intento de volver a los tiempos donde el salario docente sólo se pensaba como una variable de ajuste y las relaciones laborales se establecían bajo el imperativo del poder del mercado, el SUTE respondió con la exigencia de la inmediata revisión de todos los indicadores relativos a las condiciones de trabajo en las que la docencia realiza su tarea diaria; como así también, con la necesidad de analizar todos los factores que actúan de manera combinada condicionando las posibilidades de asistencia de los trabajadores a sus respectivos puestos de trabajo en las escuelas.

Este fenómeno, que a nivel social pretende presentarse como una falta de responsabilidad de los docentes, no es ni más ni menos que el intento de deslegitimar el ejercicio de los derechos de los trabajadores, que hacen uso de las licencias correspondientes según el tipo de impedimento o dificultad que los aqueja. Todo ello, por supuesto, en el marco de legalidad y en los términos que el derecho laboral así establece, ya que es ínfimo y casi inexistente, el porcentaje de inasistencias injustificadas que registra la docencia en su conjunto.

No son los docentes quienes se auto-diagnostican las enfermedades y por ello deciden faltar, sino que son los profesionales de la salud autorizados por el Estado, quienes establecen y certifican las respectivas licencias. Hablamos de la salud del trabajador porque es este el principal motivo por el cual los docentes dejan de asistir a sus puestos de trabajo en determinadas ocasiones. Así, se vuelve a plantear la terrible disyuntiva para quienes deben decidir entre ocuparse del cuidado inmediato de su familiar enfermo, o de su propia salud, o asistir al trabajo bajo estas condiciones, para no perder la asignación.

En definitiva el “ausentismo docente” es un tema en cuya definición se juegan relaciones de poder. Ya en los orígenes del sistema educativo argentino tenía un carácter marcadamente político e ideológico. Desde la mirada neoliberal, la preocupación está puesta en “achicar el Estado”, bajar costos, aumentar la productividad, enfatizando en las consecuencias económicas, responsabilizando a los “ineficaces” trabajadores y a las regulaciones laborales “excesivamente permisivas”.

Desde el SUTE la decisión es clara, firme y contundente: “no daremos un paso atrás en los derechos conquistados, decimos NO al salario diferenciado, exigimos al gobierno de Mendoza el cumplimiento de las leyes, estatutos, convenios colectivos de trabajo vigentes y exigimos a la DGE que en lugar de tanta preocupación por general titulares periodísticos con indicadores de dudosa validez, asuma la responsabilidad que le corres-ponde en mejorar el funcionamiento y los controles de Salud Laboral y la ART, implementar las políticas de prevención de las enfermedades laborales, garantizar la transparencia y agilidad en el otorgamiento de los certificados de aptitud psicofísica, mejorar las condiciones laborales (cantidad de alumnos por aula, concentración horaria, creación de cargos, equipos de orientación en cada escuela, carga y complejidad del puesto de trabajo, infraestructura escolar, etc), en el marco de la discusión PARITARIA libre y sin techo salarial, ni restricciones de temas a discutir con los representantes de los trabajadores”.