A primera hora del miércoles 30 de marzo, y en el marco de la lucha de los Trabajadores de la Educación de Mendoza contra el decretazo y el ítem aula, impuestos por el Ejecutivo Provincial, el SUTE presentó una acción de inconstitucionalidad en la sala 2 de los Tribunales Provinciales.

Integrantes del Secretariado Ejecutivo Provincial, encabezados por el Secretario General, Adrián Mateluna, junto al abogado institucional del gremio, doctor Héctor Santander, realizaron la presentación y luego ofrecieron una conferencia de prensa.

Ante la consulta de los medios, el doctor Santander afirmó: “el decreto es inconstitucional porque primero arremete en contra de la Ley Provincial de Educación Nº 6.970, que establece que para tomar medidas de políticas educativas primero hay que consultar al Consejo General de Educación, lo cual el Gobierno no ha hecho. En segundo término, también estamos planteando que la propia Constitución de la Provincia de Mendoza, en el artículo 39, prohíbe expresamente este tipo de asignaciones salariales, es decir, asignaciones extraordinarias por el desempeño de la función por la cual el trabajador ha sido designado. En 1999, la Legislatura y en 2004, el Gobierno -con la reapertura de la negociación colectiva-, establecieron un mecanismo para que se determinen los salarios del sector público. Esto no ha cambiado, no hay ninguna delegación de facultades. El decreto sigue vigente, por tanto, nosotros lo que le estamos pidiendo a la Corte es que atienda nuestros planteos y que le ordene al Gobierno de la Provincia estar a derecho. Es decir, que el porcentaje del ítem aula lo incorpore al salario como una estructura ordinaria, como una asignación normal, o que en su defecto retome la negociación colectiva”.

En otro orden, Santander destacó también, que “la ley que ratificó este decreto tiene sus irregularidades, porque el presidente de la Cámara de Diputados no podía desempatar en el segunda ronda, sino que tenía que esperar un tercer empate y recién ahí el reglamento interno le permite desempatar la votación”.

Por su parte, el Secretario General del SUTE, Adrián Mateluna, indicó: “hemos presentado una acción de inconstitucionalidad contra este Gobierno que ha decidido enérgicamente, atacar con sus dichos a los trabajadores. Lo de Jaime Correas ya no admite ningún tipo de análisis. Es una persona que ingresó a la Educación hace 3 meses y ya quiere saber más que el resto de los Trabajadores de la Educación, a tal punto que han cerrado la mesa paritaria, esa mesa que teníamos para construir acerca de todos los temas relacionados con Educación. Esto hay que repicarlo en el Gobernador y todos aquellos cercanos y funcionales a él, como varios legisladores de la UCR que están teniendo dichos terribles para con los Trabajadores de la Educación”.

En tanto, en el marco del cuarto paro del SUTE, que se realizará este lunes 4 de abril, Mateluna expresó: “vamos a hacer que el derecho a huelga que tienen los trabajadores sea respetado. Hay leyes que están vigentes, como la 23.551, que dice claramente que no se le puede hacer ningún tipo de persecución o maltrato a un trabajador que ejerce un derecho. El decreto del gobierno coarta el derecho de huelga, porque mediante el descuento de un importante porcentaje del salario, ponen al trabajador en el aprieto de decidir: ¿hago lo que quiero que es el paro o desisto de hacerlo porque el descuento afecta mis ingresos familiares? Que sepa el Ejecutivo que con el SUTE a la cabeza, los Trabajadores de la Educación vamos a dar batalla en todos los frentes”.

Consultado acerca de los dichos del Director General de Escuelas, de que “el SUTE maneja las Juntas” y sobre las declaraciones del Senador Molero, quien afirmó que “el gremio maneja salud laboral”, Mateluna afirmó: “es una barbaridad que mientan así. Ellos están en el Gobierno porque fueron elegidos por el voto democrático, por lo tanto también deben respetar la democracia en la Juntas, donde también hay elecciones y se presentan varias listas, algunas de las cuales tienen que ver con los partidos políticos y/o el gobierno de turno; y cualquiera puede ganar. Lo de Molero, es lamentable. Cualquier mendocino sabe que en salud laboral entienden sólo idóneos en salud que pone el gobierno. Nosotros no somos médicos, ni firmamos certificados”.

Respecto de la acción de inconstitucionalidad, debe tenerse en cuenta que el gobierno tiene ahora 20 días para contestar la demanda y a partir de allí empieza un proceso que podría extenderse por algunos meses.