A principios de 1988, el gobierno de Raúl Alfonsín se encontraba debilitado por la derrota electoral sufrida un año antes, a manos del peronismo y la “renovación” -que prometía Carlos Menem-.

Desde mediados de 1987, la “CTERA-Garcetti” había planteado una serie de demandas. Recordemos que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina continuaba fracturada, ya que frente a la fracción que lideraba el mendocino, se encontraba la “CTERA-Arizcuren“.

En el sector conducido por Marcos Garcetti, se encontraban la mayor parte de los sindicatos provinciales y había sido reconocido legalmente por el Ministerio de Trabajo.

Frente a la fragmentación del salario y del sistema educativo, se luchaba por: nomenclador básico común y unificación del sueldo básico del maestro de grado jornada simple -en 770 australes-; paritaria docente, Estatuto Federal del Trabajador de la Educación y Ley Federal de Educación

El 14 de marzo de 1988 comenzó un paro de Trabajadores de la Educación, por tiempo indeterminado. Las negociaciones con el Gobierno Nacional y los Ejecutivos provinciales, fueron infructuosas.

El paro se cumplía con gran acatamiento en todo el país y se habían sumado las Universidades, impulsadas por CONADU.

La CGT liderada por Saúl Ubaldini, acompañó la lucha de la CTERA e inclusive convocó a un paro en apoyo.

Por su parte, los sindicatos provinciales profundizaban la lucha día a día.

La huelga se extendió durante 42 días. El presidente Alfonsín, exhortó a levantar el paro, pero la CTERA rechazó las presiones.

El 16 de abril, pasado el mes del conflicto, el gobierno declaró la conciliación obligatoria, que fue acatada. Vencido el plazo legal, el 19 de mayo, se retomó el paro. Causó mucha irritación que en cinco jurisdicciones se descontaran los días de huelga: Córdoba, Capital Federal, Río Negro, Tierra del Fuego y Corrientes.

Fue entonces que la docencia argentina protagonizó aquella gesta histórica para la educación del país, en la lucha en defensa de la escuela pública junto al pueblo: el 18 de mayo, desde el norte, el sur y el oeste del país, partió una marcha que convergió en la Capital Federal el 23 de mayo. Se realizó un multitudinario acto en el Obelisco, mientras la Plaza de Mayo permanecía cercada por las fuerzas de seguridad.

Al día siguiente, en un Congreso de la CTERA, se decidió el levantamiento de la medida de fuerza. Se había conseguido la aprobación de un nomenclador básico común y la unificación salarial en 21 de las 25 jurisdicciones.

Por su parte, el Congreso Nacional había sancionado un paquete impositivo para proveer un mayor financiamiento a la educación y se debatía para lograr la sanción de una Ley de Paritaria Docente, que poco después sería sancionada.

El resultado político fue más importante que los resultados prácticos: se había logrado que el tema de la educación popular ocupara sostenidamente la atención y preocupación pública, generando condiciones para la transformación educativa, al unificar la lucha nacional.

En el plano de la disputa interna, el paro y la Marcha Blanca terminaron de legitimar políticamente, a la CTERA conducida por Marcos Garcetti como la auténtica representación sindical de los Trabajadores de la Educación. Objetivamente, se había asumido la condición de Trabajadores de la Educación.

Finalmente, el VII Congreso Extraordinario de CTERA declaró al 23 de mayo, como “Día del Trabajador de la Educación“, para recordar que en las luchas “los maestros no dejamos de enseñar, enseñamos a luchar”.