“A un año de la primera movilización del 3 de junio de 2015 exigimos, una vez más, que se termine la violencia machista y patriarcal que mata a las mujeres todos los días en la Argentina”. Con esta frase contundente, comienza el documento que se leyó el viernes en todo el país, en el marco de las movilizaciones que simultáneamente se llevaron adelante en el marco de “Ni una menos”.

No podemos pensar la violencia de género por fuera del conflicto social, sino en paralelo. Cuando hay represión y ajuste, las mujeres somos quienes lo padecemos doblemente. Cuando hay pobreza, las mujeres jefas de  hogar sienten la crudeza de administrar recursos mínimos para sus hijos; nuestros trabajos, de por sí desiguales en remuneración y estabilidad, se ponen en mayor riesgo. Todo esto se da sobre nuestros cuerpos, íntimamente ligado a nuestros derechos y como se distribuye la riqueza en nuestro país.

Los tarifazos, los despidos masivos, el fin de la moratoria previsional para las amas de casa, el achique del Estado nos golpean y limitan  nuestra autonomía. Nos quitan herramientas para enfrentar la violencia.

El neoliberalismo reduce nuestra capacidad de decir: “¡¡Basta!!”.

Logramos, en 2009, una valiosa herramienta – la Ley 26.485- pero sin presupuestos adecuados y con el retiro del Estado como garante efectivo de los derechos, es avasallada en su espíritu y objetivos. El presupuesto para el 2016 con el que cuenta el Consejo Nacional de las Mujeres representa tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista.

Muchos programas fueron eliminados: los programas de capacitación ocupacional, el Programa Nacional de Formación docente; así como aquellos que nos permiten ejercer la soberanía sobre nuestros cuerpos como Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. El programa “Ellas Hacen” fue totalmente restringido y es de difícil acceso.

A la par, en lo ideológico se asumen otras posiciones: la capacitación está en manos de sociedades médicas retrógradas que tienden al control del cuerpo de las mujeres.

Demandamos el respeto y promoción de nuestros derechos, pero sabemos que poco se puede esperar de gobiernos encabezados por un varón que afirma alegremente que “A todas las mujeres les gustan los piropos, aunque les digan qué lindo c… tenés”; o que nombra embajadores como Miguel del Sel, quien se jacta de haber llamado a la ex Presidenta Cristina Fernández cuando estaba en ejercicio “hija de p…” y “vieja cho…”. Mauricio Macri permite que haga carrera diplomática alguien que afirma que la “Asignación Universal por Hijo“ ha provocado que se embaracen (niñas de 12 o 13 años) quizá para tener plata a los tres meses”; alguien que cuenta con un currículum basado en hacer un pseudo humor misógino y degradante. Susana Malcorra, designada por Macri como Canciller argentina, está investigada por ocultamiento de abusos sexuales a niños y niñas, perpetrados por Cascos Azules durante su gestión en la ONU.

En Mendoza, luego de una larga lucha se está construyendo, desde mediados del pasado año, un refugio para mujeres víctimas de violencia, sin embargo la devaluación efectuada desde diciembre pone en riesgo la continuidad de las trabajadoras que organizadas cooperativamente llevan adelante la obra, necesitamos que el gobierno provincial garantice los recursos necesario para la ejecución completa.

Cuando se vacían las políticas públicas y se abandona la perspectiva de género, se deja de reconocer al Estado como garante de los derechos humanos. En la misma línea nacional, Mendoza abandona presupuestariamente a la Dirección de Género y Diversidad, área cuya acción ya no cuenta con el respaldo de una Subsecretaria de Derechos Humanos, porque ésta fue eliminada.

Estas son las definiciones del nuevo gobierno que reprime la protesta social, que envía sus fuerzas de seguridad sobre nuestras compañeras trabajadoras; que limita el ejercicio efectivo de derechos de las docentes al someterlas al “ítem aula”.

Las mujeres parimos, las mujeres nos enfermamos y a las mujeres nos exigen sanidad ginecológica, pero cuando nuestros embarazos se complican o tomamos días para controles y tratamiento ginecológicos perdemos gran parte de nuestro salarios. Y no deben sorprendernos estas medidas cuando al frente de la Dirección General de Escuelas fue nombrado un varón sentenciado por la Justicia por violencia de género: Jaime Correas quien conforme pruebas presentadas en la Tercera Cámara del Trabajo en noviembre de 2015, fue responsable de la condena a su empresa por la violencia que ejercía contra una mujer. Como premio, Cornejo lo propuso para ese cargo y fue promovido por la vicegobernadora en la Legislatura.

Y si de violentar mujeres desde esferas de poder se trata, allí tenemos a la militante, norteña, originaria y mujer Milagro Sala, presa hace más de 100 días por causas que nunca terminan de inventar. Allí tenemos a la presidenta mandato cumplido Cristina Fernández, quien debió soportar innumerables agresiones durante su mandato y ahora debe enfrentar embestidas judiciales estrafalarias. Persiguen y criminalizan a las mujeres militantes.

Exigimos la democratización de la Justicia. Necesitamos jueces, juezas y fiscales que investiguen las causas de violencia sin revictimizarnos, sin declararnos culpables antes de tomarnos las denuncias, sin pensar que algo de lo que hacemos o decimos, nos condena de antemano a estar en ese lugar, necesitamos fallos  con perspectiva de género. Una justicia en donde no exista lugar para prejuicios, misóginos o machistas, sean hombres o mujeres.

El año pasado, tres leyes importantes fueron aprobadas en Mendoza, la creación de fiscalías o comisarías de la mujer, la licencia por violencia de género y la creación de un Observatorio y su órgano consultivo conformado por representaciones políticas y de las organizaciones sociales, reclamamos su  urgente conformación como espacio de participación social y política para implementar políticas de genero que nos incluyan a todos.

En nuestro país las cifras por femicidios han aumentado alarmantemente en el año 2015, 286 mujeres fueron asesinadas y 66 en los primeros cien días de este año, en los cuales los asesinos parecen cada vez más cebados y con víctimas cada vez más jóvenes. Como Micaela Ortega y Milagros Torres (ambas de 12 años) asesinadas en Bahía Blanca y Tucumán respectivamente.

Repudiamos el tratamiento mediático de estos casos en los que la mayoría de las veces buscan culpabilizar a las víctimas por el asesinato.  “¿Cómo vestían?”, “¿Con quién iba?”, “¿A qué hora andaba? ¿sola?” son preguntas que no faltan en el análisis de los terribles femicidios.

Nos queremos vivas, con trabajo, con salud, con educación, con activa participación política, con autonomía económica, y libertad de decisión sobre nuestros cuerpos.

POR ESO EXIGIMOS: UNA LEY QUE IMPIDA EL ACCESO A CARGO PÚBLICOS DE PERSONAS CONDENADAS POR VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES; URGENTE CREACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y REFUGIO DE MUJERES EN LAS 4 REGIONES DE LA  PROVINCIA; URGENTE PUESTA EN VIGENCIA DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU CONSEJO CONSULTIVO, SANCIONADO POR LEY 8805; CREACIÓN DE COMISARÍAS DE LA MUJER EN LA 2ª Y 4º CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL;  CONTINUIDAD DE LA MORATORIA JUBILATORIA, EN ESPECIAL PARA MUJERES QUE ENCUENTRAN AGRAVADA SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL PRODUCTO DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS ACTUALES; JUSTICIA POR JOHANA Y SOLEDAD Y POR TODAS LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS; ADHESIÓN URGENTE AL PROTOCOLO DE ABORTO NO PUNIBLE; ABORTO SEGURO, LEGAL Y GRATUITO; LIBERTAD PARA BELÉN; RENUNCIA INMEDIATA DEL VIOLENTO JAIME CORREAS  DIRECTOR GENERAL DEL ESCUELAS DE MENDOZA Y LIBERTAD INMEDIATA DE MILAGRO SALA.