ANTE LAS DIVERSAS MEDIDAS Y EL PROYECTO DEL GOBIERNO NACIONAL, QUE BAJO LA BANDERA DEL NEOLIBERALISMO, PONE EN PELIGRO EL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO, el Secretariado Ejecutivo Provincial del SUTE ha organizado una Formación Sindical de Delegados Escolares Permanentes: “Reforma del Sistema Previsional Argentino”, que contará con la participación de reconocidos disertantes y especialistas en el tema.
A tal efecto, se han programado dos encuentros, que se desarrollarán los días miércoles 3 y jueves 4 de agosto, de 9 a 16 horas, en la Sede Central del SUTE. El primer día, será para Delegados Escolares de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Luján, General Alvear, Malargüe y San Rafael y el segundo, para Lavalle, Guaymallén, Maipú, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa, San Martín, Junín, Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
El miércoles por la tarde, habrá una charla abierta para todo público, también en la Sede del Sindicato.

El proyecto del Gobierno Nacional pone en peligro el Sistema Previsional

 

ANTE LAS DIVERSAS MEDIDAS Y EL PROYECTO DEL GOBIERNO NACIONAL, QUE BAJO LA BANDERA DEL NEOLIBERALISMO, PONE EN PELIGRO EL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO, el Secretariado Ejecutivo Provincial del SUTE ha organizado una Formación Sindical de Delegados Escolares Permanentes: “Reforma del Sistema Previsional Argentino”, que contará con la participación de reconocidos disertantes y especialistas en el tema.
A tal efecto, se han programado dos encuentros, que se desarrollarán los días miércoles 3 y jueves 4 de agosto, de 9 a 16 horas, en la Sede Central del SUTE. El primer día, será para Delegados Escolares de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Luján, General Alvear, Malargüe y San Rafael y el segundo, para Lavalle, Guaymallén, Maipú, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa, San Martín, Junín, Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
El miércoles por la tarde, habrá una charla abierta para todo público, también en la Sede del Sindicato.

El proyecto del Gobierno Nacional pone en peligro el Sistema Previsional

Luego de analizar el proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, que establece el pago a los juicios de los jubilados, la CTERA se expresó rotundamente en contra de la iniciativa, ya que no solo vulnera derechos adquiridos sino que también establece una grave amenaza al sistema público de reparto, incluyendo los pasos previos y necesarios para realizar una reforma previsional que vuelva a dar participación a entidades privadas de capitalización -AFJP-, modificando el paradigma de un sistema público y solidario, por un sistema privado, individualista y que tiene por fin favorecer a grupos empresarios que lucran con los aportes de los trabajadores.
El proyecto del Gobierno Nacional no es un paquete de leyes apilado en un solo proyecto, sino más bien es una ley paquete que intenta engañar al pueblo utilizando la bandera de la “reparación histórica” para los jubilados.
1- Propone un blanqueo que tiene los siguientes puntos:
a) Establecer una amnistía a las fortunas y propiedades no declaradas.
b) Excluir del blanqueo solamente a un número mínimo de funcionarios, permitiendo que sus cónyuges y parientes puedan estar incluidos en esta “reparación histórica” a la evasión impositiva -en definitiva les permite blanquear en forma indirecta-. La ley 26.860 establecía que en este tipo de blanqueos quedaban excluidos quienes ejercen o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente en cualquiera de los poderes del Estado Nacional, provinciales o de la CABA.
2) Propone una reforma tributaria regresiva:
a) Impuesto a los bienes personales -impuesto progresivo por definición- se sube el mínimo no imponible y se bajan las alícuotas año a año hasta desaparecer en 2019.
b) No pagarían ganancias las producidas por tenencias de divisas en el exterior que sean blanqueadas o declaradas de ahora en más, por las diferencias de cambios logradas por sus titulares.
c) Pretende derogar el impuesto a la renta financiera implementado en el 2013.
d) Propone derogar en 2019, el tributo a la ganancia mínima presunta.
3) Con relación al sistema previsional:
a) Utilizando como pretexto el pago de las sentencias adeudadas se pone en riesgo la sustentabilidad del sistema, iniciando el camino hacia la reprivatización al poner en crisis el régimen actual.
b) Propone la creación de una clase de jubilados de segunda, con menor ingreso -80% de la mínima- y menos derechos -no se transmite a sus herederos y aumenta la edad jubilatoria para las mujeres de 60 a 65 años-.
c) Tiene como objeto modificar la administración del Fondo de Garantía Sustentables (FGS), estableciendo medidas que facilitan su venta y liquidación, lo que produce el desfinanciamiento no tan solo del sistema previsional, sino también de la Asignación Universal por Hijo -las ganancias producidas por el FGS son, hoy, fuente de financiamiento de la AUH-.
En conclusión este proyecto del Gobierno Nacional vulnera derechos humanos fundamentales -el derecho al cumplimiento de la ley, el derecho al respeto de las sentencias, el derecho al seguro social, el derecho de la igualdad ante la ley-.
La artimaña política es de “manual”, bajo la apariencia de solucionar el problema de los haberes bajos y los reclamos judiciales pendientes, se pretende desmantelar el sistema de reparto y generar su falta de sustentabilidad para, inclusive, aumentar la edad jubilatoria de los trabajadores y las trabajadoras.
Desde la CTERA exigimos al Gobierno Nacional y a los legisladores que no avancen en contra de los derechos adquiridos y contemplados en el actual régimen jubilatorio, ni establezcan medidas que pongan el peligro su financiamiento por medio de la pérdida de los Fondos de Garantía Sustentables y cumplan las leyes actualmente vigentes en pos del pago de los juicios. Los Trabajadores de la Educación sostendremos y defenderemos el sistema previsional del reparto, público y solidario.

El camino a la privatización

La reforma previsional del macrismo avanza en el desfinanciamiento del sistema jubilatorio, en el deterioro de su solvencia, en la licuación del fondo de garantía de los haberes, beneficia a sólo una minoría del total de los jubilados, no frena la litigiosidad y con la pensión universal a la vejez, transforma un derecho en una cobertura asistencial. Convoca además, a una comisión para la revisión global del régimen en un lapso de tres años que, de consolidarse la estrategia del oficialismo de desmantelamiento del sistema de reparto y solidaridad intergeneracional, tiene el objetivo aún no explicitado de la privatización parcial o total de las jubilaciones.
A mayo de 2015 quedaban pendientes 268.355 causas de reajustes de haberes. Hoy no superarían los 250 mil. En 2015, se cancelaron unos 40 mil juicios con un desembolso de 12.500 millones de pesos. Cada uno sumó en promedio unos 375 mil pesos en retroactivo. Para este año, en el Presupuesto Nacional, está asignado un monto similar que alcanzaría para saldar otros 35 mil casos. La cancelación de los juicios y la extensión del reajuste al resto de los jubilados por encima de la mínima, alcanzan a sólo una minoría del total del sistema. La reparación no es a todos los jubilados, sino a la cúpula de la pirámide de ingresos del régimen previsional.
En 2003 el porcentaje de jubilados que cobraba la mínima era el 30 por ciento, el haber medio lo percibía el 55 por ciento del total y la cobertura previsional alcanzaba al 70 por ciento de las personas con edad de jubilarse. Luego de las moratorias, el 75 por ciento pasó a cobrar la jubilación mínima, el haber medio alcanzó a poco más del 7 por ciento y la cobertura superó el 95 por ciento. De ese modo, el sistema de protección social pasó de ser un instrumento de “contención social focalizado” de los noventa orientado por las políticas del Banco Mundial, a un esquema integrado por políticas de inclusión y ampliación de derechos sociales y económicos. Las transformaciones en la protección social implicaron un cambio de paradigma respecto del criterio privatista (de los fondos previsionales) y asistencial de los noventa. El avance en materia de protección de los sectores postergados significó la mudanza de un esquema de privilegios a uno de los derechos garantizados y de una sociedad de beneficencia a una de derechos sociales.
La pensión universal para la vejez sería una continuación de la ampliación de esos derechos, pero el macrismo influido por el sentido construido en la sociedad respecto a que “la moratoria entregó jubilaciones a quienes no hicieron aportes”, la ha convertido en una dádiva, que es cómo piensa el neoliberalismo la protección social, al fijar el monto de la pensión en el 80 por ciento de la jubilación mínima. Esas personas ya no son sujetos de derecho a la jubilación, sino beneficiarios de una medida de “contención social focalizada” por no contar con los aportes suficientes para jubilarse.
Es un castigo doble para los trabajadores que durante una etapa activa fueron informales o desempleados. Ellos no fueron culpables de no haber realizado los aportes porque esa responsabilidad era del empleador, y si estuvieron desocupados fueron víctimas de políticas económicas que no impulsaron la creación del empleo. Ahora reciben un segundo castigo, cuando el oficialismo propone como pensión universal el equivalente al 80 por ciento del haber mínimo. Las mujeres en esas mismas condiciones reciben un tercer castigo: le elevan la edad de 60 a 65 años para alcanzarla.
El desfinanciamiento del sistema previsional comenzó con el fallo de la Corte impulsado por su presidente Ricardo Lorenzetti, en los últimos días del anterior gobierno, que dispuso la devolución del dinero de la coparticipación (el 15 por ciento del total) afectado al pago de las jubilaciones a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Fue la primera parada del tren para debilitar el régimen previsional de reparto y de solidaridad intergeneracional. La extensión de esa misma medida al resto de las jurisdicciones de los próximos tres años, sin definir cómo se cubrirá ese faltante de recursos, debilitará las finanzas del régimen jubilatorio. La segunda parada en ese tránsito, es el proyecto de ley de pago de juicios a jubilados y reajuste de haberes con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Ambas medidas orientan hacia la insolvencia del sistema en los próximos años en coincidencia con los tres que se impone como plazo la comisión encargada de proponer un nuevo régimen previsional. LA CONCLUSIÓN ES PREVISIBLE: PRIVATIZACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS JUBILACIONES. OPORTUNIDAD PARA QUE EL MINISTRO ALFONSO PRAT GAY TAMBIÉN LE PIDA PERDÓN A LAS AFJP.