Tres femicidios en 30 horas, en la Provincia de Mendoza, Janet, Ayelén y Julieta, murieron en distintas circunstancias, en distintas manos asesinas, en distintos momentos, pero las tres fueron muertas por ser mujeres, por ejercer su derecho a la autonomía, por intentar ser libres y modificar sus vidas. Por eso sus muertes son femicidios y la mano asesina es emergente de una cultura machista que la construyó con visiones de superioridad de un genero sobre otro, con educación en desigualdades artificiales sostenidas por prejuicios sobre los sexos, pero que no se sostienen en las diversas capacidades reales de cada persona. La cultura patriarcal y machista que sostenemos por acción u omisión, cada día, cuando creemos que las mujeres  son “débiles” “suaves”, “calladitas” y dóciles y que los varones deben ser “avasalladores” poderosos y fuertes, nos tiraniza en modos de ser y actuar en el mundo que establecen relaciones vinculares basadas en el uso de los seres humanos entre si y del abuso del que se siente más fuerte sobre el que considera más débil. Estos vínculos, si se naturalizan, generan conductas que de manera directa o indirecta, basadas en una relación desigual de poder, afectan la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y también la seguridad personal de las mujeres. Por eso la violencia no es un problema del ámbito de lo individual; la violencia contra las mujeres es una problemática social que desde las sociedades se sostienen por acción u omisión.

Por ser una problemática social, la intervención en la violencia contra las mujeres debe ser política de Estado, que implique acciones desde el Estado: prevención, atención y protección real a quienes la sufren.

Lamentablemente, el Estado mendocino ha atrasado sus acciones cuando abandona programas de salud sexual en nuestra provincia, negando la posibilidad de autonomía en la decisión de cuántos hijos tener y en qué momento, a muchas mujeres. Deja en stand by programas como el de Educación Sexual Integral, que no se ha continuado; mirando para otro lado, a la hora de educar la sexualidad desde la primera infancia para el cuidado del cuerpo propio y el ajeno; el respeto por la diversidad y el establecer relaciones de igualdad entre los sexos. La parálisis y el abandono de las inversiones, son la respuesta a la necesidad de refugios para víctimas de violencia.

Más grave aún, es el castigo a las empleadas públicas que usan la licencia especial por violencia de género, licencia que pone al Estado en preaviso de una situación de peligro inminente en una trabajadora y le da la responsabilidad de acompañar y sostener un proceso de cuidado y empoderamiento para salir de una situación de sufrimiento y control. Pero, lejos de fortalecer esa posibilidad, el Estado, en la Dirección General de Escuelas no considera esa licencia y no la tiene entre su sistema informático para cargarla. Por tal motivo, una Trabajadora de la Educación que es víctima de violencia de género debe tomar licencia por artículo 40 (por enfermedad) y como consecuencia se le descuentan los días, o lo que es peor se le otorga la licencia y luego le exigen que devuelva el dinero. Eso es una revictimización de la trabajadora y un mensaje claro que le indica que esta administración la castiga por denunciar su situación de peligro y por lo tanto, la deja librada a sus suerte; que en muchos casos, como en el de Janet, Julieta y Ayelén, pueden terminar con la muerte.

Ayelén pidió ayuda al Estado, hizo las denuncias unas semanas antes de morir y el Estado la dejó que siguiera en manos de su maltratador. El Estado no dio respuestas, no la protegió. Por ello, el Fiscal tendrá que responder en un Jury de Enjuiciamiento, también pedido por el colectivo del FRENTE DE MUJERES, en el que las trabajadoras pretenden avanzar en el logro del cumplimiento efectivo de una sociedad y un ESTADO que legisle para la igualdad y protección, exija a la justicia acciones en el mismo sentido y responsabilidad en el cumplimiento de las sentencias, no dejando a la víctima en manos de su victimario y exigiendo que el Ejecutivo accione con presupuesto y decisiones reales a favor de las mujeres.

¡Basta de femicidios!, fue la consigna de la marcha, que con más de 7000 personas, se desarrolló por calles del microcentro mendocino el pasado miércoles 28 de septiembre  y de la participó el SUTE junto a todas las familiares de víctimas, organizaciones y sindicatos que manifestaron su indignación, su grito de VIVAS NOS QUEREMOS!!

Durante la marcha, la Prosecretaria de Derechos Humanos y Género del SUTE, Cristina Raso, sostuvo: “comprometámonos como sociedad a exigir la deconstrucción de prejuicios basados en estereotipos y construyamos en conjunto la reflexión sobre la inclusión, la igualdad, la solidaridad entre los géneros, para  poder vivir sin dejar de ser libres. Las mujeres tenemos derecho a caminar por la calle libremente, a elegir adonde vacacionar, a vestirnos como lo deseemos y no ser señaladas por eso, no ser acusadas de ser provocadoras de nuestra propia muerte. Las escuelas no pueden ser ajenas a estos cambios; no podemos hacer silencio ante esa naturalización de la desigualdad. Al contrario, podemos ser el disparador de la reflexión, de la incomodidad, de la pregunta sobre las prácticas sociales que día a día sostenemos. Ese es el desafío y programas como el de educación sexual integral y la erradicación del ITEM AULA deben ser la punta de lanza en nuestras discusiones. Pongamos en cuestión los valores que esconde cada conducta, por acción u omisión, pongamos en cuestión los conceptos que sostienen desigualdades. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia, es el primer derecho humano”.