El gobierno insiste en imponer la Secundaria 2030 sin escuchar a las escuelas


Llegó a las instituciones escolares de nivel secundario la Resolución 393/19 que establece una modificación del calendario escolar: de los conocidos tres trimestres en los que se divide el ciclo lectivo pasamos a tener dos cuatrimestres. Esta se enmarca en los cambios propuestos para el Régimen Académico que aparecen en los materiales enviados por la DGE para las jornadas del mes pasado.

Alertamos sobre lo siguiente:

La resolución carece de consulta y consenso entre los/las trabajadores/as de la educación de las escuelas secundarias de Mendoza. Falta a la verdad el gobierno escolar cuando entre los considerandos de la resolución expresa: “Que la provincia de Mendoza ha trabajado en consulta a los docentes en las Jornadas Institucionales del mes de julio, diciembre de 2018 y febrero de 2019 en el marco del Plan Jurisdiccional de fortalecimiento del nivel secundario.” En las jornadas se expresó un fuerte rechazo a la implementación de estas “propuestas”. Entonces nos preguntamos: ¿cuáles son los/las docentes que aceptan esta propuesta? Si el rechazo es unánime, solo resta pensar que quienes la apruebas son quienes se sientan en los escritorios de la DGE.

Esta resolución abre las puertas para la aplicación de la reforma educativa denominada “Secundaria 2030”. Y es claro el gobierno cuando dice en otro de los considerandos: “Que el Plan Provincial de fortalecimiento del nivel secundario se encuentra en la línea propuesta por el Consejo Federal de Educación como ‘Marco para la implementación de la Escuela Secundaria Federal 2030′”. Esta reforma -como ya dijimos anteriormente- ha sido ampliamente rechazada por las escuelas de la provincia. En este sentido, nada dice el gobierno de la reunión que se mantuvo entre miembros de la DGE y sindicato en el marco de una concentración contra la Secundaria 2030 y donde se expresaron todas las objeciones. (Ver acta que se adjunta).

La reforma, lejos de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, solo atomiza a las instituciones proponiéndoles proyectos “transdisciplinarios” y profundiza la fragmentación social y educativa. Vulnera derechos de estudiantes y trabajadores/as de la educación. Habilita un circuito educativo paralelo dentro de la misma escuela para aquellos/as estudiantes que no logren promover las asignaturas con un/a docente superexplotado/a quien deberá hacerse cargo de la escolaridad de los/las alumnos/as. ¿Y el Gobierno Escolar? AUSENTE.

El gobierno incumple con lo que se comprometió en la reunión del 15 de febrero: recibir los aportes elaborados desde las escuelas en las que se argumentó el rechazo a la propuesta y a partir de allí evaluar la aplicación o no de la reforma. Nos dice que están abiertos al diálogo y son ellos mismos quienes lo cierran arbitrariamente.

En la resolución se subraya que la cantidad de días de clase serán 182. ¿Esto implica mayor calidad educativa? ¿Cantidad es calidad?

En un país con 13 millones de pobres según el Observatorio de la Deuda Social, es insólito que se desconozca que la situación no repercutirá en la asistencia, permanencia y promoción de los/las estudiantes. Sencillamente al gobierno escolar sólo le interesan los números y ser ejemplo nacional de cumplimiento de días de clases. ¿Cuántas becas se darán, cuántas raciones de merienda se otorgarán? ¿Qué aprendizajes tendrán aquellos/as estudiantes que “deambulen” en esta especie de escuela giratoria? Son los/las trabajadores/as de la educación quienes al igual que otros años pondremos de nuestros magros bolsillos para intentar enfrentar esta situaciones emergentes. Los /las trabajadores/as de la educación: PRESENTES. ¿El Gobierno Escolar? AUSENTE.

La división del ciclo lectivo en dos cuatrimestres traerá consecuencias negativas a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es evidente que por más esfuerzos que se hagan desde las escuelas, los índices de repitencia, desgranamiento y deserción aumentarán. La responsabilidad es exclusivamente de la DGE, quien desoyó y subestimó las voces de miles de trabajadores/es que se expresaron de forma contundente en el 2018 y en febrero de 2019.

Sólo un gobierno que se maneja de forma inconsulta puede dar curso a estos cambios. Está claro que la cartera de Jaime Correas quiere aplicar a como dé lugar la Reforma Educativa Secundaria 2030.

Ante este atropello a la “fe negocial” como gusta decir el gobierno escolar declaramos:

  • Nuestro desacuerdo con la Resolución 393/19 y su aplicación
  • No a la Secundaria 2030.
  • Comisiones Curriculares Mixtas
  • Congreso Pedagógico para que las escuelas elaboren sus propuestas.
  • El estado de Asamblea Permanente y movilización
  • Basta de atropellos a la educación pública.

El 28M es un la oportunidad para manifestar nuevamente el rechazo a la Secundaria 2030 y por todas las demandas de la escuela pública: 28 de marzo, 18:30hs., Legislatura.

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