100 millones de pesos para que una empresa siga presionando y desprestigiando a los Trabajadores de la Educación.

Como es costumbre, el gobierno de Mendoza anuncia una vez más que no va a hacer nada para mejorar la salud de docentes y celadores. Nada para prevenir enfermedades y accidentes. Nada para mejorar la calidad de vida y de enseñanza. Como se puede leer en el pliego licitatorio publicado por la DGE y por el que se pretende contratar a una empresa para operativizar el sistema de salud laboral, el gobierno de Mendoza busca perseverar en el “error” y crea un nuevo escenario de conflictos que, de llevarse adelante, empeorará la situación de docentes y no docentes.

Siguiendo el modelo ya fracasado de las A.R.T., la DGE quiere solucionar los problemas de salud de los trabajadores convirtiéndolos en un negocio. El negocio de ganar dinero a costa de atendernos mal y evadir responsabilidades. No sólo el control de ausentismo sigue en manos de una empresa privada que ganará por “productividad”, sino la Junta Médica misma y todo sistema de derivación y auditoría del funcionamiento de la A.R.T.

En el pliego puede leerse que la “Empresa Prestadora del Servicio” debe contemplar, entre otros, un Precio Variable del Servicio: “un monto por cada prestación, es decir, por cada visita domiciliaria”. Esto significa que cuanto más cubra y más rápido, más gana. Bajo esta premisa, la empresa actual de control de ausentismo deja “papeles de aviso” en las puertas de nuestros/as compañeros/as que no se enteran… y a veces en las casas de al lado. Seguramente, los propios médicos controladores ganarán un ítem por cantidad de visitas diarias. Como cualquiera sabe, esto siempre va en detrimento del paciente. Pagaremos fortuna por un vulgar control de “presencia” en domicilio, sin ningún impacto positivo en la salud.

Pero más terrorífico es, que sea la misma Empresa Prestadora del Servicio la que encuadrará si las patologías y enfermedades deben ser derivadas a la A.R.T. Todo el sistema de A.R.T. funciona por la lógica de la ganancia, por lo que desconocen sistemáticamente las patologías y accidentes que deben cubrir, forzando al trabajador al litigio que este mismo gobierno quiere limitar, en beneficio de esas empresas que hoy estafan al Estado. El gobierno lo sabe, pero le conviene porque la existencia de la A.R.T. permite la irresponsabilidad estructural: “que el trabajador se las arregle con la ART”. El trabajo nos enferma, pero el Estado se corre de su responsabilidad y la delegada en una “aseguradora”.

Ahora, lleva más lejos esa irresponsabilidad y delega en una empresa el vínculo y supervisión de esa otra empresa que es la A.R.T. Tanto más sencillo y barato sería exigirle a la A.R.T. que cumpla con las leyes. Sería de reír, sino fuera por lo que está en juego.

A su vez, establece que es la misma empresa la que crea y lleva adelante la Junta Médica que justificará licencias mayores a veinte (20) días. La misma Junta evaluará periódicamente a los docentes en Cambios de Funciones y Celadores en Tareas Livianas, para definir si deben seguir o no en tal situación (salvo cuando hayan sido recalificados por la A.R.T.), desconociendo la participación de los médicos tratantes.

Un capítulo aparte merece que toda la política de este gobierno, en relación a la salud de docentes y celadores sea: “ítem aula” y gastar millones de pesos en control de ausentismo, justificación de licencias y evadir sus responsabilidades. ¿Cuánto más necesita ajustar el gobierno antes de empezar a invertir para evitar las enfermedades y accidentes de trabajo? ¿Dónde está la política de salud preventiva? ¿Cuáles son las políticas para mejorar la calidad de vida? ¿Cabe alguna consideración humana en esa libreta repleta de cuentas y números?

No alcanza con repetir la palabra “diálogo” frente a los micrófonos, si el gobierno sigue monologando, imponiendo y escuchándose a sí mismo. Si es esa la actitud desde arriba, los trabajadores de la educación ya empezamos a preparar la respuesta necesaria.

SECRETARIADO EJECUTIVO SUTE

[PBC-Particulares-Control-de-Ausentismo]