El Gobierno de Mendoza emite un memo y apenas horas después (como habíamos advertido), ya empieza a rectificar. Nadie quiere percatarse de este detalle. Si el Ejecutivo se tomara en serio ese diálogo sobre el que tanto monologa, no tendría que estar yendo y viniendo sobre sus pasos. O, tal vez, si escuchara más a docentes, celadores y padres y no tanto a algunos medios. Claramente, esta primera rectificación “express” del gobierno es una respuesta a nuestra crítica y a que, a pesar de lo que aseguraban, no tienen consenso en las escuelas.

Garantizar el derecho de los/as alumnos 

Nuestro primer planteo es que la suspensión de clases -el día posterior a las PASO- es para garantizar una correcta desinfección y el arreglo de la escuela para los/as alumnos/as. Es, en primer lugar, un derecho de las familias, que sus hijos vayan a escuelas en correctas condiciones, sin riesgos de contagio, sin baños colapsados por el día de las elecciones, sin roturas ni desperfectos que afecten al sistema, etc. Entonces, la primera pregunta es: ¿el gobierno debe garantizar clases de calidad y seguras o sólo cantidad de días de clases? “VULNERAR DERECHOS NO GARANTIZA MÁS DÍAS DE CLASES” ES NUESTRA PRIMERA RESPUESTA. Y TAMPOCO GARANTIZA “CALIDAD”

Garantizar el derecho de los/as  trabajadores/as

El segundo planteo, es que no podemos permitir que la DGE recurra a una lógica esclavista. A muchos les parece tremendista esta afirmación, pero es literalmente así. Según la Real Academia Española, la esclavitud es una “sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación.” La “carga pública” en relación a las elecciones tiene que ver con garantizar el proceso electoral. Y como tal, no es exclusividad de las escuelas. En cambio, garantizar la limpieza y las condiciones de las escuelas no es un tema de carga pública, sino un trabajo que directivos y celadores realizan en el marco de una relación laboral de derechos. Por lo tanto, la DGE no tiene poder para obligar a nuestros/as compañeros/as, directivos y celadores, por fuera del contrato de trabajo, a hacer lo que ellos quieran y cuando ellos quieran. Si pueden hacer eso, no hay contrato de trabajo: hay esclavitud. Por lo tanto, NO SE TRATA SÓLO DE PAGAR. SE TRATA DE ENTENDER QUE LA DGE NO PUEDE HACER CON NOSOTROS LO QUE QUIERA. Es por eso que insistimos en que, aún pagando, no es obligatorio. Es por esto, también, que ponemos en cuestión no sólo el trabajo extra y gratis de quienes deberían limpiar después del escrutinio, sino por todas las tareas y todos/as los afectados/as a ellas.

Esta situación involucra especialmente a celadores y directivos, a quienes se asigna responsabilidades que pueden llegar al día completo, en el caso del domingo, más el sábado, sumando jornadas de trabajo que superarán las 8 horas diarias. Esto está condicionado por la cantidad de personal de cada escuela. En el caso de directivos no contemplan, ni siquiera, una retribución económica como se hizo en ocasiones anteriores. Constantemente, la DGE mezcla las responsabilidades de la carga pública con las funciones específicas del mantenimiento de las escuelas.

Finalmente, el gobierno empieza el juego de rectificaciones y ahora decide pagar sólo a celadores por la limpieza. Omite, cuestiones fundamentales. Primero, que se trata de 4.119 mesas. A razón de un celador cada dos mesas, da un número de 2.060 celadores afectados (que deben limpiar en profundidad: baños -por los que han pasado cientos de personas-, espacios comunes, aulas, patios, veredas, cocinas, etc.). Es decir, LA SITUACIÓN EXIGE QUE SE ASIGNE EL DOBLE DE TRABAJADORES, RESPECTO DE LO PROYECTADO POR EL GOBIERNO. Segundo, todo pago tiene que estar en relación al tiempo de trabajo y al hecho de que es día domingo. Además, la carga horaria no puede ser ambigua: no es lo mismo $700 por 3 horas de trabajo que por 6 horas. Tampoco es lo mismo para un trabajador salir de una escuela a las 2.00 de la mañana y tener que abrirla al otro día a las 6.30 hs, que salir de la escuela antes de la medianoche. Y aquí también, se suma el problema de la seguridad y la movilidad: por un lado, no se tiene en cuenta la falta de transporte público después de cierta hora y por otro, que hay celadores y directivos que viven a lejos de sus escuelas y el gobierno los quiere un domingo a la noche, sin movilidad y en condiciones de riesgo.

A su vez, todo esto sucede en un marco de miseria salarial. Especialmente en celadores/as: $700 -que es lo que el Ejecutivo ofrece- es casi el 10% de un salario inicial de celador/a. Nos es nuevo que quieran usar la propia necesidad que nos generan para explotarnos más.

Estos son los problemas que antes no existían y que ahora crea el propio gobierno por combinar la improvisación con la precarización y con la agenda mediática, que no es la agenda educativa de verdad. LA AGENDA EDUCATIVA DE VERDAD NO PRECARIZA DERECHOS: LOS SOSTIENE.