Perder la salud: castigo para los trabajadores


Los Trabajadores de la Educación de Mendoza afectados por enfermedades o accidentes de origen laboral, encuadrados en el Art. 44 de la Ley 5.811, transitan un círculo vicioso entre la ART (Aseguradora Riesgos de Trabajo), SeAM Servicio Auditoría Medica DGE), SRT (Superintendencia Riesgos de Trabajo) y OSEP.

Ante el rechazo de prestaciones de la aseguradora o alta sin cumplir las prestaciones previstas, los trabajadores concurren al Servicio de Auditoría Médica (SeAM ) y comienzan licencia por art. 40, afrontando diversas consecuencias:

• Pérdida del Ítem Aula. Los Trabajadores de la Educación, deambulan por mucho más de tres días por consultorios de médicos tratantes externos para obtener un certificado que justifique ante SeAM, y éste a su vez justifique sus acciones ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Esta situación provoca que se active el castigo dispuesto por la DGE con el consecuente descuento por pérdida de la salud, del ítem aula.

• Consumo de período de licencias pagas por enfermedades inculpables -avance obtenido en paritarias, homologadas por Decreto 1276/07-. Una vez que la ART deja al trabajador sin la cobertura, este comienza a consumir un período de licencias pagas por art. 40, a la vez que se comienza el trámite denuncia la SRT para que se expida acerca de la ratificación o rectificación del alta emitida por ART. En estos casos, tener que dar explicaciones a las autoridades escolares que requieren documentación escrita resulta difícil de explicar pues está fuera de todo lo previsto.

• Pérdida del cargo para quienes suplen a titulares de licencia por art. 40 o art. 48, y superen los 30 días de ausentismo.

• Incertidumbre por la cobertura de OSEP ante la necesidad de mejorar el estado de salud.

Esta realidad, que estigmatiza a los Trabajadores de la Educación agrega una presión extra al tener que demostrar que sólo se pretende mejorar la salud para ir a trabajar. Esta imposición es producto de un gobierno incapaz de controlar a una empresa contratada para asistir a sus trabajadores y realizar prevención de situaciones que someten a malas condiciones laborales. Todo esto con el agravante de que la política que lleva adelante el Gobierno Nacional a través de la SRT, perjudica al trabajador de las aseguradoras.

Cabe recordar, que el organismo de contralor nacional, SRT, tarda desde 45 días a más de 6 meses en emitir dictamen acerca del accionar de la empresa aseguradora, período que contribuye al aumento de la incertidumbre de cómo continuar subsistiendo en el sistema sin perder el control.

En caso de terminar el tratamiento con el ALTA correspondiente, es el mismo Sistema de Auditoría Médica (SeAM), el que extiende la licencia hasta una nueva junta médica que ratifique la opinión del médico tratante asignado por ART.

Pese a todo esto, el Gobierno de la Provincia de Mendoza se empecina en mentir y atribuir la responsabilidad del ausentismo docente a los trabajadores.

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