Sobre la baja de la punibilidad: por una niñez con vidas dignas y en libertad


El 8 de enero gobierno nacional dio a conocer el primer borrador del proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad a los 15 años. Se enviaría al Congreso en febrero. Desde el SUTE repudiamos este nuevo intento de criminalizar a los y las jóvenes y exigimos más presupuesto para educación y políticas para mejorar sus condiciones de vida.

El proyecto del gobierno nacional para el nuevo “Sistema de Responsabilidad Juvenil” establece nuevas penas para adolescentes entre 15 y 18 años. No se trata una idea novedosa. Desde hace décadas y cíclicamente en situaciones de crisis económica, diferentes sectores políticos proponen resolver el supuesto problema de la delincuencia juvenil criminalizando y estigmatizando a niños/as y jóvenes de los sectores más empobrecidos de la sociedad.

En primer lugar, es necesario tomar en cuenta las estadísticas del propio Estado, que desmienten falsas ideas difundidas por funcionarios del gobierno y por medios de comunicación:

  • La participación de menores de 18 años en delitos es de apenas el 3,4% de los casos totales. Este porcentaje no ha variado desde 2009 a la fecha. Es decir, es falso que adolescentes y niños/as son un problema para la seguridad.
  • En experiencias de baja de edad la punibilidad en otros países del mundo -casos registrados por UNICEF[1]no han dado los resultados esperados y, en efecto, han dado marcha atrás con tales políticas.

En los hechos condena a los/as chicos/as pobres por el hecho de serlo: sus vida, en los barrios más humildes del país, está sometida a los maltratos policiales, a los arrestos arbitrarios y también al fusilamiento sin juicio previo que, en criollo, es conocido como “gatillo fácil”. En 2018, CORREPI, agregó a su archivo 297 nuevos casos de personas asesinadas a manos del Estado. En su mayor parte era niños/as pobres.

Las estadísticas también indican otros datos acerca de niños/as y jóvenes que los/as trabajadores/as de la educación comprobamos día a días en las aulas: la pobreza entre la franja más joven de la población crece, a tal punto que el 48% en nuestro país es pobre (UNICEF). Se trata de 6,3 millones de niños/as menores de 17 años.

El mismo Estado y el mismo sistema judicial que hoy busca criminalizarlos/as es el que crea exclusión, miseria y desamparo. Es el mismo Estado que desfinancia la educación y la salud, el mismo que no soluciona problemas estructurales como la desocupación y la inflación que hacen crecer la pobreza a lo largo y ancho del país.

No necesitamos a la niñez tras las rejas: necesitamos niñas y niños que tengan viviendas dignas, educación de calidad, acceso a la salud y que puedan crecer en ambientes de amor y contención y no, como afirmó el ex Ministro de Educación Esteban Bullrich, “que aprendan a vivir en la incertidumbre”.

Por esto, nos oponemos a todo intento de criminalizar y estigmatizar la pobreza y la niñez y exigimos al Estado no medidas represivas, sino recursos para todo lo que les debemos nuestros/as niños/as y jóvenes: más para educación, más para salud, más para vivienda, más para que puedan crecer con vidas dignas y en libertad.

 

SECRETARIADO PROVINCIAL EJECUTIVO SUTE

[1] Ver: “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil” – UNICEF

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