SUTE acciona legalmente contra el Decreto 250 y la Ley 9031


El sindicato interpuso el martes 10 de abril, en la Segunda Cámara del Trabajo de Mendoza, dos acciones en un mismo juicio: una Acción de Amparo Sindical y una Querella por Práctica Desleal, a raíz de que el Gobierno Provincial ataca derechos adquiridos, a través de la Ley 9.031 y el Decreto 250. En otro orden, la semana pasada el gremio presentó una Acción Meramente Declarativa de Certeza, por la situación previsional relacionada a la calificación de «zona muy desfavorable», en Juzgado Federal N° 2.

En la continuidad de la lucha que el SUTE viene dando en varios frentes, el marte 10 de abril el Sindicato presentó dos acciones en un mismo juicio, en la Segunda Cámara del Trabajo de Mendoza, relacionadas al tema zona de las escuelas.

El abogado Institucional del gremio, Dr. Alexis Barraza, indicó que «por un lado, se presentó una Acción de Amparo Sindical para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 9.031 y del Decreto Nº 250, ya que violan los principios de libertad sindical y los organismos de representación sindical y participación democrática que tiene la DGE. En este caso, se ataca a la Comisión Mixta de Zona que fue creada por paritaria el 15 de abril de 2010. El Gobierno, a través de la Legislatura, deroga y anula la comisión y todas la resoluciones que esta comisión ha tomado, dictando una nueva legislación que desconoce lisa y llanamente todo lo que ya se ha decido al respecto, en estos órganos democráticos creados por paritarias. Es decir, que la Comisión Mixta que tenía poder de decisión, ha sido convertida en un órgano meramente consultivo. Cabe destacar, que la Comisión ya había determinado categorías y porcentajes que se iban a aplicar a la zona de las escuelas y que tenían incidencia salarial. Eso también lo pretende derogar el gobierno e imponer una nueva porcentualidad, que es peyorativa porque es menor: la anterior iba del 30 al 150% y esta va del 30 al 100%».

Acerca de la segunda acción presentada: la Querella por Practica Desleal, Barraza explicó: «esto se debe al accionar del Gobierno en paritarias. El Ejecutivo se niega a negociar colectivamente, porque sus representantes se sientan en la mesa de negociación e imponen. Te dicen esto es lo que nosotros ofrecemos, si no lo aceptan así, nosotros lo vamos a sacar por ley o por decreto. Es decir, no modifican nunca su postura. Y cuando el SUTE solicita tiempo para poder discutir los temas en las asambleas en escuelas y en los Plenarios, la respuesta es: ´no hay tiempo, si no aceptan lo ofrecido como está, lo consideramos rechazo´. Allí es cuando se paran de la mesa y lo llevan a la legislatura. Entonces, lo que estamos haciendo desde el SUTE es interponer la querella por práctica desleal, para que se dejen sin efecto todas las normas dictadas por la Ley 9031 y el Decreto 250 y se ordene a las partes, sentarse a negociar nuevamente».

Por otra parte, la semana pasada, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, a través de la Secretaría Gremial, presentó una Acción Meramente Declarativa de Certeza, por el tema previsional, en el Juzgado Federal N° 2 -autos N°16592/2018-. Acerca de este tema, el abogado Alexis Barraza, indicó: «el gobierno a través del Decreto 250, atenta contra el Decreto Nacional 538/75, artículo 2 y Ley 24.016, artículo 3 p. 6, es decir, pone en estado de duda si va a seguir existiendo el beneficio de ´escuelas de zonas muy desfavorables´. Este beneficio implica que por cada año de trabajo se certifica un 33% extra, a los efectos de la jubilación. Es el conocido como 3×4. Por lo tanto, las categorías a, b, c, d y e, creadas en el Decreto 250, no especifican cuál de ellas reemplaza a la categoría de «escuelas de zonas muy desfavorables». Entonces, usando esta figura del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, le decimos al juez que declare con certeza que el beneficio ´escuela de zonas muy desfavorables´ está relacionado o emparentado con la categoría ´e´, que sería la zona desfavorable del nuevo decreto. En caso de no ser así, se le pide al juez que declare la inconstitucionalidad del Decreto 250, por derogar derechos previsionales otorgados por decretos y leyes nacionales, ya que en ese sentido, asume facultades de regulación de un régimen jubilatorio, por las cuales ni la Legislatura Provincial, ni el Poder Ejecutivo pueden hacerlo, por ser una facultad del Congreso de la Nación».

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