SUTE exige participación de los trabajadores en la política educativa


Orden, asistencia y evaluación serán los pilares de la gestión educativa de la provincia, junto con la aplicación rigurosa de la norma.

¿Respetar la norma no es una prioridad de este gobierno? Si se quiere apostar al cumplimiento de la norma rigurosa, no se puede desconocer que la Ley 26.206 y la Ley 26.061 garantizan la educación como derecho social, es decir, el acceso, permanencia, reinserción y egreso de todos/as los/las habitantes del país en el sistema educativo. Se considera que el Estado posee la responsabilidad principal en la ejecución de la política educativa y debe ser capaz de asegurar con recursos legítimos y un financiamiento adecuado, la gratuidad y la igualdad de la educación pública.

Desde el SUTE, entendemos que la Ley Nacional de Educación 26.206 es superadora respecto a la precursora Ley 1.420, con sus principios de orden, disciplina, control y homogeneidad cultural. ¿Abrir la Argentina al mundo del siglo XXI, lema del nuevo gobierno, coincide con  tomar algunos principios del siglo XIX?

Con respecto a la asistencia, acordamos con la premisa “ni uno menos”, pero para lograr asistencia, el Estado debe garantizar transporte, condiciones de habitabilidad en los edificios escolares, padres, madres o tutores con trabajo, asistencia a la salud, especialmente en los sectores más vulnerables.

Se insiste en que hay que “evaluar” para que los docentes enseñen más y se culpabiliza individualmente a los trabajadores por el funcionamiento del sistema educativo. No se pueden medir resultados de áreas instrumentales sin vincular los procesos y contextos.  Es en los contextos donde el Estado, en su rol de garante de las condiciones materiales del proceso educativo, debe intervenir.

Argentina enarboló con orgullo la escuela laica, gratuita y universal. Sin embargo hoy, el Gobierno de Mendoza opta por políticas elaboradas por asesores que vienen de grupos económicos. Vuelven las recetas noventistas, donde los salarios están atados a pruebas de estudiantes y docentes, al presentismo y a las evaluaciones punitivas.

Los Trabajadores de la Educación no discuten evaluación, lo que se debate es desde qué concepto de calidad debe producir la evaluación y qué, cuándo, cómo, por qué, para qué y con quienes evaluar.

La decisión del SUTE fue, es y seguirá siendo clara: defender la escuela pública y el derecho social a la educación con democracia y justicia social. Para ello será fundamental que el Ejecutivo Provincial elabore una política educativa con la participación de los Trabajadores de la Educación.

Previous Continúa el conflicto por los 80 despidos en el Instituto de Juegos y Casinos
Next Con sólo palabras, no alcanza