Continúan vigentes las excepciones de presencialidad para grupos de riesgo y por cuidado de hijos/as


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En estos días asistimos a un sinfín de comunicados institucionales respecto al retorno a la presencialidad. Es importante remarcar que la resolución 2777/2020 de Dirección General de Escuelas que habilita las actividades educativas presenciales no invalida ni modifica la protección establecida desde el primer decreto Nacional del 16/03/20 que establece la ASPO, en cuanto a la inasistencia de los/as trabajadores/as a los lugares de trabajo para grupos de riesgo o por hijos menores a cargo.

Dicha protección está establecida en el decreto el Decreto Nacional 875/2020 del día 7 de noviembre, que por su rango legal jerárquico está por encima de las resoluciones que se emitan provincialmente y en el cual claramente se expresa que “Se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en lugares regidos por el “DISPO” como por el “ASPO”, las previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos en riesgo, según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, así como familiares con discapacidad, en los términos previstos en el presente decreto y en la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N° 207/20, prorrogada por su similar N° 296/20.”

Por lo tanto, si los/as trabajadores/as se encuentran dentro de alguna de estas situaciones solo deben notificar al superior jerárquico de sus circunstancias como progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado del niño, niña, adolescente o con discapacidad.

Desde el SUTE venimos manifestando nuestro rechazo a este retorno sin planificación y sin consulta a los/las trabajadores/as de la educación. A esto se suma la decisión política del gobierno escolar de depositar en los directivos la decisión y organización de una propuesta por escuela para la presencialidad.

Una vez más es el gobierno quien se corre de su responsabilidad educativa y sanitaria, poniendo en riesgo a la comunidad educativa. Con salarios congelados, con establecimientos en condiciones edilicias deficitarias, con el claro fracaso de su política de educación «virtual», reafirmamos que es el gobierno quien debe dar respuestas.

Frente a la desorganización intencional del gobierno de Suárez-Thomas, llamamos a responder y organizarnos colectivamente rechazando este retorno pensado para los medios, sin ninguna fundamentación pedagógica y que amenaza poner en riesgo la salud de trabajadores/as, estudiantes y las familias. Queremos discutir en paritarias en qué condiciones de higiene y seguridad y en qué momento retornar a la presencialidad.

SECRETARIADO EJECUTIVO SUTE

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