«El gobierno puso a Mendoza en emergencia educativa»


Lo afirmó el Secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez en la conferencia de prensa brindada este viernes -16 de marzo-. El gremio presentará en la Legislatura un Proyecto de Emergencia Educativa para evitar el cierre de cursos por dos años, mientras se discute el financiamiento educativo. Por otra parte, desde el sindicato denunciaron la negativa del Ejecutivo a seguir discutiendo en paritarias temas no salariales que están pendientes y la connivencia de la Subsecretaría de Trabajo ya que está incumpliendo con sus funciones. Finalmente, el representante de los docentes y celadores provinciales calificó de «mamarracho jurídico» a los que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, respecto del ítem aula.

Que el Gobierno de Mendoza no garantiza el derecho a la educación, no es una novedad para los habitantes de la provincia. Sin embargo, los representantes del Ejecutivo, no sólo «no cambian», sino que profundizan cada vez más la grave situación, al punto de que en conferencia de prensa, el Secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez, sostuvo que «el gobierno puso a Mendoza en emergencia educativa».

Tres temas fueron los que el titular del gremio desarrolló ante los periodistas: «por un lado, queremos comunicar que vamos a estar presentando en la Legislatura un proyecto basado en una fundamentación de emergencia educativa, que tiene que ver con algo muy grave que está pasando y que es el cierre de cursos. Se está contrayendo el sistema educativo, se están cerrando aulas y se están superpoblando otras. Una situación muy grave y delicada que se está produciendo en casi todos los niveles y modalidades del sistema. La sociedad tiene que saber que solamente en el Gran Mendoza, según el último relevamiento de la encuesta permanente de hogares, hay un poco más de 80 mil personas -de más de 20 años- que tiene secundario incompleto y hay alrededor de 25 mil jóvenes -de más de 15 años- que no terminaron la primaria. Por lo tanto, no es que hay baja de matrícula porque no haya alumnos, sino que hay baja porque no hay una política de Estado para atraer a esos jóvenes, a esos adultos, a esos niños, a las escuelas. La Dirección General de Escuelas no les está garantizando la escolaridad. Lo perverso es que se cierran cursos, lo cual garantiza que esa gente no asista a las escuelas, y esto lo están haciendo con un único fundamento que se puede leer en las resoluciones de cierres de cursos: optimización de recursos. No hay fundamento pedagógico de ningún tipo, simplemente ahorro de recursos. Es una situación muy grave, porque por ejemplo tenemos chicos integrados con discapacidades en aulas comunes en las escuelas, donde sólo puede haber dos en cursos de hasta 25 alumnos. Ahora tenemos que en una zona vulnerable donde hay dos cursos de 15 alumnos, los agrupan en un curso de 30, con todo lo que ello implica, teniendo en cuenta que son chicos con problemas serios de vulnerabilidad social, chicos judicializados con familias en situaciones extremas, y pueden llegar a tener ahí 4 chicos integrados. Están violando normativas. Tenemos grados múltiples en las escuelas rurales y albergue, donde hay chicos de segundo, tercer, cuarto y quinto grado en una misma aula y con una sola maestra. Están destruyendo la calidad educativa y tenemos como contraparte de eso aulas superpobladas en escuelas secundarias con más de 40 alumnos. ¿Cómo se puede enseñar así? Esta situaciones, lo que garantizan es más deserción escolar».

Henríquez se refirió también, específicamente, al proyecto de emergencia educativa que el SUTE presentará en la Legislatura: «lo que queremos es que la Legislatura apruebe un proyecto donde no se pueden cerrar cursos por dos años. Vamos a presentar otro proyecto, y lo vamos a hacer público, para discutir el financiamiento educativo».

Por otro lado, el titular del sindicato que nuclea a los Trabajadores de la Educación, indicó que «el gobierno no está queriendo dialogar ni convocar a paritarias. Esta situación también es muy grave, porque ellos se comprometieron el 2 de marzo, a volver a convocar a paritarias para discutir temas no salariales, pero la Subsecretaría de Trabajo no nos convoca. Ya presentamos una nota para que este organismo lo haga y sigue sin hacerlo. Hay silencio de toda la plana oficial de la DGE y de la Subsecretaría y particularmente, esta última está incumpliendo gravemente con sus funciones. No hay dudas que nos están empujando al conflicto».

Finalmente, el Secretario General del SUTE calificó de «mamarracho jurídico» a lo que está sucediendo con el ítem aula en la Corte Suprema de Justicia: «fijémonos lo que ha ocurrido: nosotros presentamos un incidente de nulidad  a la Corte, porque el gobernador Cornejo intervino en la justicia para desarmar el fallo que había hecho la sala 2 y para que ahora sea un plenario completo de la corte, el que falle. ¿Cuál es la novedad sobre el tema? ¿Qué hizo ahora el Presidente de la Corte con el juez Valerio? Nos dan la razón en que esta decisión ha vulnerado los plazos y ¿qué es lo que hacen?, dicen igual vamos a hacer un fallo plenario, igual va a ser el plenario de la Corte el que falle, pero le vamos a dar cuatro días hábiles a cada juez para definir su voto. Esa es la seriedad del Plenario de la Corte, tal como lo está planteando el Gobierno. Cuatro días para que cada juez decida algo tan trascendente como fallo sobre el ítem aula. Ahí se ve lo que está ocurriendo. Queda claro que lo que se hizo fue desarmar una sentencia y lo que se está buscando es condicionar el fallo de la Corte en relación al ítem aula».

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