Ni una menos: la deuda es con nosotras


El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. La causa: su oposición política a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En su nombre y su lucha, se conmemora cada año el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En un sindicato donde la enorme mayoría somos mujeres, la lucha contra la violencia machista en todos los ámbitos es una tarea urgente. Desde el primer día del aislamiento social preventivo, desde el SUTE nos propusimos estar presentes para seguir acompañando a las trabajadoras ante situaciones de violencia. Por esto, las Consejerías de Género siguen funcionando en forma virtual y telefónica, para lo cual habilitamos 16 números para la atención, asesoramiento y acompañamiento para las trabajadoras de la educación en situación de violencia. También hemos recibido llamadas de otras mujeres que lo han necesitado.
En los días transcurridos de aislamiento (ASPO) hemos acompañado entre 10 a 30 mujeres por mes, en toda la provincia. Son mujeres a las que les llegó nuestra información y pudieron acudir por ayuda, asesoramiento y acompañamiento; mujeres que han podido resolver una parte del proceso que implica reconocer la situación de violencia e incluso activar la desvinculación con su agresor.

Aún sin cifras oficiales por parte del Estado, es evidente la situación de peligro en la que se encuentren las mujeres. Las denuncias se multiplicaron, los femicidios continúan, la desidia de los gobiernos permanece.

Hay una emergencia que no se declara y hay un presupuesto provincial que dispone $38 por mujer por año. Un plan de emergencia por parte del Estado tendría que garantizar medidas básicas. Frente a una crisis económica y social que se profundiza y frente a un ajuste que nos pone en situaciones de mayor vulnerabilidad,  el Estado privilegia acreedores, especuladores, buitres y millonarios por sobre la vida de las mujeres. El presupuesto que se votó en la provincia la semana pasada ajusta aún más la salud, la educación y la Dirección de Género y Diversidad. Así, el oficialismo y un sector de la oposición dan la espalda a necesidades urgentes. Siguen faltando refugios y asistencia económica.

Otro 25 de noviembre más, y las trabajadoras seguimos exigiendo reglamentación de la licencia por violencia de género; exigimos aumento salarial, denunciamos el empobrecimiento de gran número de trabajadoras en este 2020, a pesar de haber puesto el cuerpo, el tiempo y los recursos en esta pandemia. Y en educación la peor parte se la llevan las celadoras.

Mientras nos han endeudado multimillonariamente la provincia no destinan los fondos que necesitamos para que la vida de las mujeres sea prioridad. Necesitamos mayor presupuesto y políticas públicas que garanticen que podamos transitar nuestra vida libre de violencias.

En las escuelas la violencia cae sobre docentes, celadoras, perceptoras, profesoras, pero también sobre nuestras estudiantes y sus madres. Hemos tenido que, durante toda el ASPO, acercar un bolsón de mercadería a las familias de nuestras escuelas porque hay hambre. Son las mujeres las que cargan con la peor parte de la crisis que se profundiza. Las mujeres se hacen cargo de buscar comida, de asistir comedores o merendero, o pelear por un techo. Esa es la realidad de las escuelas públicas en las que trabajamos.

Desfinanciar los programas de asistencia es dejarnos en peores condiciones para enfrentar la violencia machista.

La deuda es con nosotras. Nuestros derechos no pueden seguir esperando.

En las escuelas no estamos solas, estamos organizadas.

SECRETARIADO EJECUTIVO SUTE

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