Sobre el Plenario Provincial Ordinario


Este miércoles 22 sesionó el Plenario Provincial de Memoria, Balance y Línea Gremial. Por votación, la mesa de conducción estuvo presidida por el Sec. Gremial electo, Gustavo Correa (Frente Azul-Naranja).

A poco del inicio se puso a consideración un conjunto de mociones que, según la explicación de la mesa directiva «atañen a las facultades de privilegio del plenario», aunque no figuraban en el orden del día, ni en los mandatos de los delegados/as departamentales ni en los mandatos de las escuelas.

Así es que, pese a observaciones cruzadas entre el secretariado y la mesa de conducción del plenario sobre la interpretación del Estatuto, y sin detenerse para dar lugar a las mismas, se pasó directamente a votar las siguientes mociones del Secretario General de Tupungato, sin que las mismas constaran en el acta departamental:

  1. Acatar el fallo judicial respecto a la CTA de los Trabajadores, conducida por Gustavo Correa, que implica el pago de un embargo millonario realizado. Esto se debe a la judicialización de una resolución tomada por amplia mayoría en Plenario Provincial: la salida del SUTE de la CTA de los Trabajadores en base al debate en las escuelas y los mandatos allí elaborados. Correa decidió desconocer la voluntad del Plenario y demandó al SUTE por las cuotas sindicales «no abonadas» luego de la salida del SUTE de la CTA. Pretende que miles de trabajadores/as de la educación le paguen a su nombre lo que correspondería a las cuotas desde fin del 2018 a la actualidad.
  2. Resolver antes del 11 de febrero todos los juicios laborales realizados a la gestión 2017-2021. Es importante señalar, como informó Mario López (Sec. de Finanzas de la actual conducción) en el plenario, que solo existe un juicio laboral en curso. Fue realizado por la anterior abogada de la «CTA de los Trabajadores» conducida por el señor Correa y actual delegada regional en Cuyo del Ministerio de Trabajo de Nación.
  3. Solicitar a través de una consultora una auditoría externa del sindicato, principalmente de los estados financieros e inventario de bienes.
  4. Que se determine la responsabilidad solidaria en los términos del art. 63 inc. i del Estatuto del Sindicato. Este artículo del Estatuto establece la atribución de «llevar ante la Justicia a las personas que de cualquier forma hubieran cometido malversación o defraudación». Otra moción que se aprobó prestamente, y sin el previo debate sobre los balances financieros presentados en toda regla por la conducción, como un claro acto de amedrentamiento y/o persecución hacia la conducción saliente

Por último,  además se votó aplazar la realización del plenario hasta el próximo 9 y 10 de febrero, según art. 52, inciso h del Estatuto. Al respecto, se debe aclarar que tal aplazamiento se realiza solo para la consideración posterior de un asunto pendiente. Pero aquí no se pospuso “un tema” para más adelante, sino que se levantó todo un Plenario Ordinario que había sido convocado legalmente. Por lo cual, la moción fue forzada y tergiversada en su interpretación del Estatuto.

Recordamos, además, la realización del plenario este 22 de diciembre responde a una exigencia del Ministerio de Trabajo. Fue convocado originalmente para principios de noviembre. Días antes de que se realice dicho plenario, recibimos una “observación” formal del Ministerio de Trabajo de la Nación cuestionando la cantidad de días previos de la convocatoria. Habíamos convocado, como veníamos haciendo usualmente, con 30 días corridos de anticipación. Resultó ser que debían ser hábiles. Frente a la posibilidad cierta de que el plenario fuera invalidado, se convocó nuevamente, con 30 días hábiles.

Así es como se llega al 21 de diciembre, con un Ministerio de Trabajo de la Nación que, desde que cambió de conducción política, viene prestando una especial atención al SUTE y nos fuerza a posponerlo a esta fecha. La comunicación de este plenario se hizo de la misma manera que todos, pero con mucha más anticipación. Las agrupaciones presentes, incluido quienes ganaron la última elección, sabían de la misma y fueron informados. Ni entonces ni ahora recibimos ningún planteo formal de cambio de fechas. Tampoco requerimiento legal alguno porque esta convocatoria está encuadrada en todos sus aspectos dentro de la legalidad e institucionalidad vigente.

En síntesis, sin tratar el orden del día, se votaron mociones propuestas que no estaban en los mandatos escolares y la postergación del plenario ordinario. Desde miembros del Secretariado Provincial se aclaró que estas acciones se encuentran reñidas con nuestro Estatuto y son causal de impugnación de las resoluciones del plenario.

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES/AS DE LA EDUCACIÓN

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